En un documento de enmiendas remitido a las fuerzas políticas con presencia parlamentaria, el CERMI propone la presentación de varias enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, en tramitación en estos momentos en el Congreso, con el fin de reforzar penalmente la protección de las personas con discapacidad contra los abusos económicos y laborales.

 

Esta petición parte del hecho comprobado del incremento de actividades de entidades que, actuando bajo la cobertura de asociaciones u organizaciones que supuestamente trabajan en beneficio de las personas con discapacidad o de aquellos grupos de personas más desfavorecidas o con menos recursos, persiguen la explotación de esas mismas personas y su utilización en provecho particular de sus dirigentes.

 

Para que estas personas en situación de vulnerabilidad gocen de mayor protección penal, la propuesta del CERMI propone modificar la redacción del tipo del delito de estafa, considerando como tal aquellas conductas que se perpetren “bajo la cobertura o reclamo de entidades, asociaciones u organizaciones de protección, defensa, promoción o impulso de la discapacidad, de los derechos de los menores e inmigrantes, de las personas más desfavorecidas por razones de exclusión social o con escasos recursos económicos, o de personas que presenten o hayan presentado problemas de salud, físicos, mentales o cognitivos”.